Uno de los sectores que plantea los mayores retos de financiación es el educativo; no solo porque está determinado por la legislación nacional como un derecho fundamental con carácter progresivo, sino porque también se ha planteado como uno de los más importantes factores de desarrollo económico, promoción de la innovación y de superación de trampas de la pobreza. En este sentido, se identifican retos en cada nivel educativo para incrementar la garantía del derecho, dentro de las cuales en este texto solo se pretenden esbozar algunos: -Educación inicial: Si bien se ha avanzado en la estructuración de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia – De Cero A Siempre- y su reconocimiento legislativo con la ley 1804 de 2016; el aumento de la cobertura persiste como uno de los más grandes retos de este nivel que plantea sus propios interrogantes: ¿Se debe seguir supliendo a través de Centros de Desarrollo Infantil -CDI-cuya administración es contratada en términos anuales por el ICBF? ¿Deben las entidades territoriales, deben estas construir sus propios CDI y operarlos? -Básica: Con una cobertura bruta superior al 100% pareciera que los retos se centraran en calidad; no obstante, es necesario revisar la inversión en las estrategias para garantizar aumento en coberturas netas, permanencia, graduación y tránsito a la educación media. Estas estrategias van desde la gestión predial, el diseño, la construcción y dotación de las infraestructuras educativas. No basta sólo con edificar nuevos colegios, es necesario también el mantenimiento y reemplazo dotacional de las instituciones existentes. ¿Pueden las Alianzas Públicos Privadas ser una alternativa para la construcción de aulas e instituciones nuevas? La financiación del Programa de Alimentación Escolar es uno de los focos más importantes en este momento del sistema que implica la revisión modelo mismo. El complemento alimenticio brindado por las instituciones educativas oficiales durante el horario escolar ha sido objeto de debate por algunos casos de corrupción evidenciados por los organismos de control, que plantean preguntas para su desarrollo transparente. ¿Debe existir un modelo único de contratación implementado por las entidades territoriales? ¿Pueden estas últimas garantizar la contratación de cooperativas locales, como se ha propuesto en municipios con escaza infraestructura y oferta? -Media: Atraer a cada vez más alumnos que concluyan los grados de 10º y 11, se convierte en uno de los principales retos de política pública actualmente. Contrario al nivel de básica, las diferencias en las tasas de cobertura bruta y neta, así como los diferenciales de estas en zonas urbanas y rurales son abismales. Tener una oferta de calidad implica, de nuevo, la construcción de aulas para que más instituciones ofrezcan el ciclo completo y la formulación proyectos de orientación vocacional y profesional en las entidades territoriales que permita a las personas que cursan esos grados, construir proyectos de vida en los cuales se busque continuar y culminar niveles educativos superiores. El gran interrogante es cómo optimizar la articulación con el nivel educativo superior en una apuesta eficiente de inversión de recursos públicos. -Superior: Las estrategias para ampliación de cobertura plantean el debate de la financiación de la oferta a través del sistema universitario estatal o de la demanda a través de créditos educativos con el ICETEX. En el primer caso, la necesidad de mayor financiación y de la revisión del esquema planteado en la Ley 30 de 1992, debe acompañarse con la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo que prevengan y reduzcan los riesgos de corrupción al interior de las instituciones de educación superior oficiales; por su parte, la financiación de los estudiantes debe buscar que las IES privadas implementen estrategias de aumento de la permanencia y graduación, así como una mayor conexión con el mercado laboral..